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Confisca Aduana 2146 vehículos

Publicado el 01 de Marzo del 2017 por SERVI PORT

Información emitida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, muestra que por año, en promedio se retuvieron 800 vehículos en la frontera tamaulipeca por autoridades aduanales, de los cuales la mayor parte fueron confiscados a sus propietarios.

Las aduanas de Matamoros y Nuevo Laredo fueron las que presentaron el mayor registro de detención de vehículos norteamericanos, la primera con 976 casos contabilizados del primero de enero del 2014 a la fecha, mientras que en Nuevo Laredo son 915 los registros.

De acuerdo con la ley Aduanera, el embargo precautorio de mercancías se aplica cuando un producto este sujeto al pago de regulaciones arancelarias, por lo que luego de efectuar este pago la mercancía se puede liberar.

“Cuando se trate de mercancías de importación o exportación prohibida o sujeta a las regulaciones y restricciones no arancelarias a que se refiere la fracción II, del artículo 176 de esta Ley y no se acredite su cumplimiento o sin acreditar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas o, en su caso, se omita el pago de cuotas compensatorias”, indica el artículo 151 de la Ley Aduanera.

En los dos mil 146 vehículos embargados por el Servicio de Aduana, no se efectuó ninguna detención, pero las unidades fueron transferidas al Servicio de Administración Tributaria donde luego de finalizado el trámite serán subastadas.

Entre los decomisos, también se encuentran unidades de carga o vehículos que contienen cargamentos de aparatos electrónicos o ropa, además las unidades marca Chevrolet y Ford fueron las que más registros ocuparon.

En Matamoros, fueron 36 los vehículos que fueron devueltos a sus propietarios, esto luego de pagar los derechos de importación marcados por la ley Aduanera, durante el 2016.

Uno de los beneficios a los que se pueden apegar los propietarios de vehículos americanos, son los de hacer referencia al artículo 114 del Código Fiscal de la Federación, el cual menciona el servidor público que amenace con interponer una sanción podrá recibir de uno a seis años de prisión como castigo.

“Se impondrá sanción de uno a seis años de prisión, a los servidores públicos que ordenen o practiquen visitas domiciliarias o embargos sin mandamiento escrito de autoridad fiscal competente.

Las mismas penas de uno a seis años de prisión se impondrán a los servidores públicos que realicen la verificación física de mercancías en transporte en lugar distinto a los recintos fiscales”, menciona el artículo 114, del Código Fiscal de la Federación.

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