La aduana mexicana, entre el control total y la parálisis

Especialistas alertaron que la reforma a la Ley Aduanera presiona al agente aduanal, encarece la operación y contradice la facilitación al exigir revisiones imposibles de cumplir.

La reciente reforma a la Ley Aduanera volvió a exhibir la distancia entre la intención regulatoria y la operación real del comercio exterior. En la mesa de análisis Ley Aduanera, durante la XX Convención Anual del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior (IMECE), los especialistas coincidieron en que el nuevo marco normativo -impulsado bajo el discurso de control, trazabilidad y digitalización- amenaza con empujar al sistema aduanero hacia una parálisis silenciosa si se aplica sin criterios de riesgo, sin infraestructura y sin claridad operativa.

Felipe Miguel González Jaime, director general en Corporación México Express y moderador del panel, lo resumió con una frase que marcó el tono del debate: “Ya no le llamo el agente aduanal solidario, sino el agente aduanal solitario”. Con ello retrató el incremento desproporcionado en responsabilidades, multas y cargas operativas que se descargan sobre un actor que, para efectos prácticos, no tiene control total sobre la mercancía ni sobre la veracidad de la información que recibe.

El punto de partida fue el artículo 42, que formalmente no se modificó, pero que en la práctica adquiere un peso determinante al obligar a un nivel de revisión exhaustivo que contradice la filosofía de facilitación. Zaira Padilla, presidenta de la Asociación de Recintos Fiscalizados Estratégicos (ARFE), advirtió que la obligación de revisar con precisión milimétrica cada mercancía anula el propósito del análisis de riesgo y amenaza con colapsar la capacidad operativa de los recintos. “Vamos a estar contraponiendo este tema de la digitalización y la información previa con la realidad operativa”, señaló, recordando que sólo en Manzanillo se dice que hay más de 15 mil contenedores en abandono. Si cada carga debe revisarse al 100%, dijo, el sistema entero quedará atrapado entre la norma y la imposibilidad material de cumplirla. Su diagnóstico fue claro: sin equilibrio entre cumplimiento y facilitación, la aduana mexicana regresará a esquemas de control masivo que ya habían demostrado ser ineficientes.

Desde el ángulo logístico, Juan Pablo Pacheco, expresidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga) y enlace en México de la Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios y Asimilados (FIATA), defendió el papel del agente de carga como filtro previo y actor clave para la verificación desde origen. Recordó que la industria ha desarrollado herramientas de trazabilidad y de seguridad -incluido el avance hacia el Operador Económico Autorizado (OEA) para agentes de carga- que podrían integrarse al sistema para fortalecer la revisión anticipada. “El agente aduanal no está solo; podemos trabajar en conjunto”, afirmó. Sin embargo, subrayó la incongruencia entre la exigencia de información detallada y la poca capacidad de la autoridad para aprovecharla. “Mandamos la transmisión al SAT (Servicio de Administración Tributaria) y no hacen ninguna inteligencia”, reclamó, evidenciando una brecha esencial: el sistema ya recibe datos que no utiliza para discriminar riesgos, lo que obliga a inspecciones duplicadas y procesos redundantes.

La perspectiva del importador, presentada por David García, presidente de la comisión de Comercio Exterior de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el Estado de México, fue la más cruda. Relató casos de previos en origen falsos, como el contenedor de cobre que llegó lleno de costales de arena pese a haber recibido “la bendición de todos los santos aduaneros”. Para él, la reforma refuerza la responsabilidad del agente aduanal, pero omite el papel central del importador como fuente primaria de información. “Nosotros, como importadores, somos los primeros responsables de conocer qué mercancías estamos trayendo”, subrayó. Pero también advirtió que el sistema actual no está diseñado para contener el fraude de manera efectiva ni para atender la complejidad de sectores dominados por micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que carecen de conocimiento técnico para cumplir con los estándares exigidos. Su conclusión fue lapidaria: el marco normativo avanza hacia la hiperexigencia sin simplificación, sin infraestructura y sin una ventanilla única funcional.

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En ese contexto, la discusión sobre el OEA emergió como un punto de tensión. Zaira Padilla insistió en que la certificación debería volverse accesible y estar acompañada de beneficios reales. “Hay que revisar estos detalles para que la administración de riesgos facilite el tránsito por las aduanas”, afirmó, advirtiendo que hoy el proceso tarda entre año y medio y dos años, y que carece de certezas básicas como la definición de “agente aduanal certificado” o “transporte certificado”, conceptos que la autoridad aún no precisa pese a exigirlos. Pacheco añadió que el costo de algunas certificaciones, como las ISO 27000 o 28000, podría generar monopolios y expulsar a actores pequeños del mercado. “Si la implementación es costosa, perderemos competitividad”, advirtió.

El caso del Estado de México reflejó otro problema estructural: el uso limitado -y hasta temeroso- del recinto fiscalizado estratégico debido a criterios fiscales estatales que, desde 2003, obligaron a pagar 16% de IVA por operaciones interpretadas como enajenación en territorio nacional. “Ocho de cada 10 contribuyentes auditados tuvieron que pagar”, dijo David García, recordando que incluso operaciones con mercancía adquirida en el extranjero fueron tratadas como ventas locales por simple desconocimiento y por criterios poco uniformes, lo que frenó el uso del RFE como herramienta logística.

La mesa cerró con un llamado común: sin interoperabilidad entre SAT y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), sin uso efectivo de los datos transmitidos, sin claridad en los manuales y sin criterios de riesgo que distingan a los actores confiables, la reforma aduanera no tendrá capacidad de modernizar nada. Zaira lo sintetizó con un reclamo: “Tenemos un sistema electrónico aduanero, pero a nivel central no hay comunicación”. David resumió la urgencia desde la empresa: “Pídeme lo que quieras, pero dame lo que me pidas”, exigiendo reglas claras, procesos definidos y una ventanilla única funcional. Y González Jaime dejó la reflexión final: la autoridad no puede regresar a las aduanas de los 80 por temor al incumplimiento; si existe información anticipada, actores certificados y trazabilidad, “la mayoría de las mercancías son confiables”. El reto no es endurecer por endurecer, sino usar inteligencia, tecnología y riesgo para que el comercio fluya sin sacrificar control. Porque, como advirtió, “al final, los perjudicados vamos a ser todos”.

FUENTE: https://t21.com.mx/la-aduana-mexicana-entre-el-control-total-y-la-paralisis/?utm_source=chatgpt.com