Corrupción, comercio y competitividad: por qué el Índice de Percepción 2025 importa para el futuro económico de México

Cada año, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado por Transparencia Internacional, se convierte en un termómetro incómodo para los gobiernos. El índice no mide sentencias judiciales ni estadísticas penales. Mide algo distinto —y para los mercados, más decisivo—: cómo perciben funcionarios públicos, empresarios y expertos el nivel de corrupción en el sector público.

En 2025, México obtuvo **27 puntos sobre 100**, ubicándose en la **posición 140 de 182 países**. No es solo un mal resultado estadístico. Es una señal estratégica que inversionistas, socios comerciales y empresas multinacionales saben interpretar con claridad.

Desde hace varios años he sostenido que el IPC debe leerse menos como un ranking reputacional y más como un **indicador adelantado de riesgo comercial**. Hoy, esa lectura es inevitable. En un mundo donde los tratados comerciales modernos incorporan obligaciones explícitas en materia de integridad y anticorrupción, la percepción se ha convertido en un factor central de competitividad.

**Lo que realmente mide el IPC —y por qué los mercados lo toman en serio**

El IPC se construye a partir de múltiples fuentes independientes y resume una percepción compartida: qué tan predecible, confiable y libre de prácticas indebidas es el ejercicio del poder público.

Para las empresas, esta percepción se traduce en preguntas muy concretas:

* ¿Las reglas se aplican de forma consistente?
* ¿Las decisiones regulatorias son previsibles?
* ¿Existen costos ocultos para operar?
* ¿El cumplimiento protege o expone?

Por eso, aunque el índice evalúa al sector público, sus consecuencias recaen directamente sobre el sector privado.

Un país con baja puntuación enfrenta mayores costos de transacción, primas de riesgo más altas y menor atractivo para la inversión de largo plazo.

**México frente a sus socios: una brecha que ya no es marginal**

El dato más relevante del IPC 2025 no es la puntuación de México en abstracto, sino su comparación con sus principales socios comerciales.

En el tratado más importante para la economía mexicana —el **TMEC**— la diferencia es clara:

* **Canadá:** 75 puntos
* **Estados Unidos:** 64 puntos
* **México:** 27 puntos

México participa en el mismo espacio económico que países con estándares de integridad sustancialmente más altos, pero con una percepción de corrupción propia de economías con instituciones débiles. Esta brecha no es simbólica: es estructural.

La situación se repite en otros acuerdos clave, como el **CPTPP** y el **TLCUEM**, donde México compite con países que han convertido la integridad institucional en una ventaja competitiva sostenida.

**Cuando la integridad se convierte en una cláusula comercial**

Los tratados de nueva generación reflejan un cambio profundo: la corrupción deja de ser un problema interno y se convierte en un tema de comercio internacional.

El **Capítulo 27 del TMEC** es ilustrativo. No se limita a principios generales. Vincula integridad con competencia leal, atracción de inversión y cooperación regulatoria.

En este contexto, el IPC funciona como un indicador implícito de credibilidad: no determina incumplimientos legales, pero sí influye en la confianza de los socios sobre la capacidad de un país para cumplir el espíritu del acuerdo.

**El costo de la inercia**

Un ejercicio simple ilustra la magnitud del reto: si México avanzara un punto anual en el IPC, tardaría **más de tres décadas** en alcanzar el promedio de sus socios comerciales.

Ese ritmo es incompatible con el *nearshoring*, la relocalización de cadenas productivas y las crecientes exigencias de debida diligencia.

En un entorno donde el capital se mueve hacia países previsibles, la integridad ya no es un tema ético marginal: es un **factor de productividad nacional**.

**Cinco propuestas valientes para cerrar la brecha de integridad**

**01. Gobernanza trilateral con métricas comparables**
Transformar el Capítulo 27 del TMEC en un mecanismo vivo mediante un Subcomité Trilateral de Integridad, con informes públicos anuales e indicadores homologados. Lo que no se mide ni se compara, no se corrige.

**02. Transparencia operativa basada en datos**
Crear un Portal de Integridad TMEC con datos trimestrales por autoridad y sector estratégico. Pasar del discurso anticorrupción a la transparencia ejecutable.

**03. Protección efectiva a denunciantes**
Aprobar una Ley General de Protección a Denunciantes con anonimato, no represalia y canales interoperables. Sin denunciantes protegidos, no hay detección temprana ni control real.

**04. Compliance como ventaja competitiva**
Reconocer los programas de cumplimiento verificables y vincularlos a incentivos regulatorios. La integridad debe premiarse, no castigarse con mayor carga administrativa.

**05. Usar la revisión del TMEC como palanca de reforma**
Aprovechar la revisión del tratado para pasar de compromisos declarativos a integridad con consecuencias, alineando comercio, competitividad y gobernanza.

*Propuesta presentada en la reunión de Consulta Regional sobre TMEC organizada por la Secretaría de Economía el 9 de octubre de 2025 en Querétaro.*

Conclusión**

México es una potencia comercial por volumen, pero su desempeño en integridad institucional no acompaña esa realidad. En un entorno donde comercio, inversión y gobernanza están cada vez más entrelazados, la percepción de corrupción se ha convertido en una variable económica crítica.

La integridad en el comercio internacional no es solo una obligación jurídica ni un imperativo ético. Es, cada vez más, una **estrategia de crecimiento**.