Hasta el 2024 no hay riesgo de recorte en la calificación: Moody's

“Dada la perspectiva estable creemos que nuestro escenario base para el perfil crediticio de México de aquí al año 2024 es consistente con este nivel de calificación “Baa2”, advirtió el analista soberano del país en Moody's, Renzo Merino.
De aquí al año 2024, el gobierno de México podría mantener su perfil crediticio sin cambios mientras conserve el manejo de las políticas fiscal y monetaria, advirtió el analista soberano del país en Moody's, Renzo Merino.

“Dada la perspectiva estable creemos que nuestro escenario base para el perfil crediticio de México de aquí al año 2024 es consistente con este nivel de calificación “Baa2”, detalló.

En conferencia de prensa, tras conocerse el recorte de calificación que aplicó la agencia a México para dejarla en “Baa2/perspectiva estable” admitió que tendría que presentarse un aumento sustancial en la carga de la deuda para que la firma reconsiderara el rumbo de la nota. Pero subrayó que no es su escenario base.

“Lo que podría le ar a presiones negativas sobre la calificación en los próximos dos años, en 2024 serían más bien relacionadas a un cambio en cuanto al manejo prudente que se le da a la macroeconomía”, refirió.

Si es que hubiesen presiones, particularmente fiscales, mayores a las que anticipamos actualmente, podrían estar relacionadas a que algunos pasivos contingentes se materialicen y lleven a un aumento sustancial en cuanto a la cara de la deuda del gobierno que no es nuestro escenario base.
El analista soberano subrayó que el pago de intereses por la deuda de México se encuentra muy por arriba del promedio que pagan los soberanos calificados en “Baa”. Y que las presiones inflacionarias en el mundo hacen suponer que no se regresará a los niveles de bajas tasas de interés que tuvimos el año pasado.

Merino dijo que el escenario central de Moody's no es el de una recesión impactado por Estados Unidos. Por ahora, su expectativa central es de un crecimiento de 1.8% para el PIB mexicano de este año.

FUENTE: EL ECONOMISTA